En este post planteo una propuesta para recolectar fondos, por una sola vez desde los estratos más pudientes de la sociedad ecuatoriana, de forma tal de proporcionar transferencias directas en efectivo a ecuatorianos que han perdido su trabajo por la pandemia, así como a micro y pequeñas empresas en los sectores de comercio y alojamiento y servicios de comida. Luego de presentar mi propuesta, muestro los argumentos económicos que la respaldan. Importante: esta contribución serviría como crédito tributario del impuesto a la herencia, por lo que no constituiría un impuesto adicional.
Según el Banco Central del Ecuador, alrededor de 335 mil personas habrían perdido sus empleos entre marzo y mayo de este año, mientras que el IESS reporta una pérdida de 270 mil afiliados en cuatro meses de pandemia (la estimación del Banco Central incluye las personas que perdieron su empleo y que no estaban afiliadas a la seguridad social, por eso es más alta). Además, el sector comercio sería el más golpeado con la crisis.
Las contribuciones provendrían de las personas naturales, nacionales o extranjeras, accionistas de empresas, profesionales o administradores de negocios, que al 1 de enero del 2019 tengan activos superiores a los $226,200 (doscientos veintiséis mil doscientos dólares) de manera individual o a los $452,400 (cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos dólares) en conjunto con el cónyuge. Bajo la legislación ecuatoriana, estas personas tienen la obligación de hacer su declaración patrimonial al SRI. El patrimonio de una persona se define como la diferencia entre sus activos y sus pasivos. Es su riqueza neta. Por ejemplo, si una familia tiene una casa que está valorada en $500,000 (tiene que ser más de $452,400 para que tenga que declarar su patrimonio en el SRI), pero sobre ella tiene una deuda de $400,000, su patrimonio es de $100,000. Mi propuesta consiste en establecer una contribución porcentual sobre el patrimonio de las personas que tienen la obligación de declararlo en el SRI. Se podría recaudar alrededor de $500 millones ($524 millones, exactamente).
El mecanismo de distribución es bastante simple: $1,000 a cada persona que haya perdido su empleo por la pandemia y créditos no reembolsables de hasta $10,000 a micro y pequeñas empresas en los sectores de comercio y alojamiento y servicios de comida, con la condición que mantengan su operación sin despedir empleados hasta por 3 meses después de haber obtenido el crédito. De acuerdo a las cifras presentadas arriba, se utilizaría alrededor de $300 millones para beneficiar a quienes han perdido sus empleos (aproximadamente 300 mil personas) y se podría beneficiar a 20 mil micro y pequeñas empresas, como mínimo (aproximadamente otros 200 mil trabajadores). Esto es, alrededor de 500 mil ecuatorianos beneficiados. Más adelante discuto cómo se podría identificar estas personas y estas empresas beneficiarias.
La figura a continuación muestra cuál sería la tasa del impuesto, el valor de los patrimonios que realizarían la contribución, y el monto que le tocaría a cada uno (pueden dar click para ampliarla y ver los números más claramente):
De los patrimonios declarados en el SRI (personas con activos de $226,200 de manera individual o $452,400 en conjunto con el cónyuge), he tomado aquellos que se encuentran en el 70% más alto de la distribución (por eso los percentiles en el eje horizontal empiezan en el valor 31). La tasa del impuesto (línea azul) empieza en 0.5% y se incrementa linealmente en 0.01 puntos porcentuales por percentil hasta llegar al decil más alto de la distribución, desde donde parte en 1.1% hasta llegar a 1.8%, incrementándose en 0.02 puntos porcentuales por percentil.
Las contribuciones empezarían desde quienes tengan $113,000 (ciento trece mil dólares, aproximadamente) de patrimonio (barras naranja), con un valor de $565. Alguien que tenga un patrimonio de $301,000 contribuiría con $2,258, mientras que alguien que tenga un patrimonio de $2,157,000 (dos millones ciento cincuenta y siete mil dólares) contribuiría con $36,669. En total, un poco más de 50,000 personas individuales o en sociedad conyugal realizarían la contribución. Esto correspondería aproximadamente al 1% más rico de la sociedad ecuatoriana (hay alrededor de 4.25 millones de hogares en Ecuador).
IMPORTANTE: Mi propuesta contempla que estas contribuciones sirvan como crédito tributario para el impuesto a la herencia. De esta forma, esta contribución es solamente un adelanto de lo que ese impuesto significaría y no un impuesto adicional. Recordemos que en el caso del impuesto a la herencia, alguien que reciba $144,180, tendría que pagar $18,023, mientras que alguien que reciba $865,113 tendría que pagar $450,576. (Si la equivalencia ricardiana funcionara, el consumo de quienes contribuyen no debería disminuir.)
Fundamentos económicos
El FMI indica que las transferencias universales pueden ser un instrumento para ayudar en la crisis generada por la pandemia. La evidencia empírica también indica que este tipo de transferencias son beneficiosas, especialmente en recesiones: "Mounting evidence in the past decade finds that broadly distributed payments to individuals increase spending during a recession and help stabilize the economy."
El FMI también indica que un "cargo solidario" desde los sectores de riqueza más altos debe considerarse para financiar los gastos fiscales asociados a la pandemia. Una de las razones por las que este tipo de contribución es beneficiosa es porque los hogares más ricos tienen una propensión marginal a consumir (de su riqueza) más baja que los hogares más pobres. Esto quiere decir que un aumento (reducción) de la riqueza de los hogares más ricos provocará que su consumo aumente (caiga) menos que lo que sucedería con un hogar más pobre. Por lo tanto, en términos agregados, reducir la riqueza de los hogares más ricos a través de una contribución como la que yo planteo provocará un aumento del consumo de los hogares más pobres que compensará la pérdida de consumo de los más ricos.
Consecuentemente, la actividad económica debería incentivarse en el agregado. Al ocurrir esto, la recaudación fiscal aumentaría también, reduciendo la presión fiscal que atraviesa el país.
¿Cómo operarían la recaudación y las transferencias?
Esto estaría por definirse. En principio, esta recaudación no debe entrar al presupuesto general del estado, sino mantenerse en una cuenta diferente de la cuenta única del tesoro, bajo administración fiduciaria transparente (lamento si no puedo ofrecer particularidades sobre los aspectos legales). Identificar a las personas que han perdido sus empleos se puede hacer a través de los registros administrativos del IESS. (Sugerencias sobre otros mecanismos de identificación de las personas que han perdido empleos son bienvenidas.) En cuanto a las micro y pequeñas empresas, las solicitudes se pueden hacer a través de la banca pública, cumpliendo los requisitos de límite de ingresos anuales y número de empleados, y los montos a otorgarse pueden determinarse en función de los costos operativos (aquí no me pidan mucho porque soy economista no más). Estas empresas deben mostrar al cabo de tres meses de otorgado el crédito no reembolsable que aún siguen operando. Si no lo hacen, deben devolver el dinero o enfrentar consecuencias legales.
Hola Manuel! Es una propuesta interesante, pero me deja algunas dudas.
ReplyDeleteLa primera tiene que ver con el mecanismo de distribución. Dado que los beneficiarios serían determinados a través del registro del IESS, los receptores serían desempleados que trabajaban formalmente es decir, no son los hogares más pobres. Seguramente serían hogares que están en los quintiles 2, 3 e inclusive 4. Además, no es lo mismo el hogar de una persona que estaba ganando el básico, al hogar de alguien que ganaba (digamos) 800 dólares… En este sentido creo que la transferencia debería tener un diseño progresivo.
Políticamente, me parece que es una propuesta difícil de sostener, porque el monto de la transferencia es más alta que lo que recibiría un beneficiario del BDH en un año! Yo sé que sería una transferencia de una sola vez, pero políticamente este sería un argumento en el que se sostendría más de un “analista”.
Por otro lado, me parece que el mecanismo de créditos a empresas pequeñas está fundamentado en una amenaza no creíble: sigues operando por tres meses o devuelves el préstamo y enfrentas consecuencias legales. La razón que la vuelve no creíble es que muchas de estas empresas este rato están dando patadas de ahogado para seguir operando porque la quiebra les resulta demasiado cara. No me sorprendería ver muchas firmas que utilizarían este crédito como sustituto a créditos personales para poder realizar cierres de las empresas de forma legal (en este país quebrar es excesivamente caro y nada se está haciendo para cambiar esta realidad).
Luego está el tema de efecto agregado de la política. Tu argumento es que, por el lado de los hogares que pagarían el impuesto, la combinación con el crédito tributario generaría una suerte de equivalencia ricardiana, de tal manera que el consumo de estos hogares debería permanecer constante. Por otro lado, la propensión marginal a consumir de los hogares pobres es más alta, entonces, en el agregado, la política debería generar un aumento de la actividad económica e, inclusive, un aumento de la recaudación de otros impuestos.
Sin embargo, la ER funciona sólo en mercado crediticios sin fricciones. En el caso de Ecuador, esto está muy alejado de la realidad, lo que le da un rol importantísimo a los precautionary savings. Entonces, efectivamente, creo que si tendrías una contracción importante en el consumo de los hogares que pagarían el impuesto, que se suma a la contracción que ya existe por la pandemia. En otras palabras, dado que el impuesto se diseña tomando en cuenta una base ya declarada y va sobre la riqueza, creo que el efecto ingreso sería de una magnitud importante.
Por otro lado, el argumento de la propensión marginal a consumir de los hogares más pobres deja abierta una pregunta empírica super interesante: ¿cuál es el efecto sobre el consumo agregado de un aumento del ingreso de los hogares ubicados en la parte baja de la distribución (quintiles 2-3)? Dado que la transferencia es de una sola vez, y no es a los hogares más pobres (por lo que mencioné en párrafos anteriores), me atrevo a decir que el efecto sería casi nulo.
Entonces, en el neto, me parece que terminarías con una política recesiva.
Yo sé que este rato es todo un reto pensar en política pública para la reactivación económica, sobre todo teniendo en cuenta todas las restricciones que tenemos como país. Por eso estoy convencido de que tus aportes son importantes! Además, en este entorno, es clave el diseño de mecanismos, y ahí es donde debemos sumar cabezas!
Por mi lado, creo que la reactivación debería venir por reformas grandes a la legislación laboral y a las leyes que rigen la creación y quiebra de empresas. En entorno dolarizado y con las restricciones presupuestarias que tenemos, le veo muy difícil que la recuperación venga impulsada con motor fiscal… Esto lo podríamos conversar otro rato!
Un abrazo!
Carlos Uribe
Hola Carlos. Gracias por tu comentario. Te contesto a continuación.
DeleteLo primero que quisiera decir es que para que este tipo de mecanismos sea efectivo, se necesita que sean universales y de rápida ejecución para amortiguar los efectos de la recesión, especialmente en el caso de esta pandemia. Así indica la evidencia empírica.
Por consiguiente, es inevitable que la asignación de recursos puede adolecer de ineficiencias, como la que mencionas sobre los segmentos que se beneficiarían. Sin embargo, aún es plausible que el impacto en consumo agregado sea positivo, ya que el 1% de la población más rica (que es donde recae este impuesto) tiene una propensión marginal a consumir sustancialmente más pequeña que los quintiles 2, 3, y la mayoría del 4.
Sobre el crédito, yo dudo que un banco se niegue otorgarle crédito colateralizado a alguien del percentil más alto de la población a tasas competitivas. Dudo aún más que este segmento de riqueza (más de $450 mil de activos) no cuente con la liquidez para realizar la contribución en los montos que yo propongo (entre $565 y $10,000 para la gran mayoría de ellos).
En cualquier caso, es posible que existan patrimonios que no tengan la liquidez ni puedan pagar un crédito para financiar la contribución. Por ejemplo, aquellas personas de la tercera edad que sobrevivan con una pensión de jubilación. Es posible hacer una consideración para ellos y transferir el impuesto al momento de la herencia.
Tus propuestas para reactivación son importantes, pero no resuelven lo urgente. Lo urgente hoy es resolver el problema de pérdidas de empleos. Es subóptimo no hacerlo.
Interesante y solidaria propuesta.
ReplyDeleteEl mecanismo de distribución debe ser cuidadosamente diseñado y monitoreado. Un fideicomiso no es mala opción si tuviera un directorio de sociedad civil que garantice uso correcto de recurso (calificación de proyectos de inversión) y adecuada rendición de cuentas y controles. Lamentablemente actual legislación contiene múltiples impedimentos para que, recaudación de un impuesto, se maneje fuera de Cuenta Única...habría que cuidar mucho estructura y diseño para no caer en esa trampa legal de "centralización estatal" que tan malos resultados ha generado en la distribución de recursos públicos.. Lo ideal sería un FONDO privado (estructurado como fideicomiso), pero eso no necesariamente garantizA que todos contribuyan ,sino los que quieran. Por otro lado, actual desconfianza en institucionalidad frenará apoyo a proyecto, si recursos son manejados al acostumbrado estilo actual.